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Se trabaja para la reglamentación de la normativa que apunta a lograr la reinserción social de los condenados

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Desde el Programa Derechos y Garantías Constitucionales se continúa con una intensa agenda destinada a la Reglamentación de la Ley de “Desarrollos productivos y/o económicos de personas condenadas, en parajes de la provincia de San Luis”. En esta oportunidad, se concretaron encuentros con autoridades de los Colegios de Abogados de Concarán y Villa Mercedes.

La primera reunión fue con el Directorio del Órgano Colegiado de la tercera circunscripción, quienes recordaron la historia de San Luis en cuanto al recibimiento de presos políticos y su convivencia ciudadana, en el mismo sentido que lo hizo el gobernador al promulgar la norma. Manifestando el beneplácito con el espíritu de la ley y el trabajo que se viene realizando en ese sentido.

Estuvieron la presidenta del Colegio de Concarán, Gimena Ramírez Couto, y los miembros Bruno Mini, Rafael Ángel Sánchez y Luis Ricardo Escudero.

“Fue un encuentro muy interesante, donde no faltó el repaso por la historia de nuestro pueblo, lo que nos permite poner en contexto tan innovadora ley. Abordamos los distintos aspectos de la norma, planteándose la necesidad de ir hacia su ampliación, honrando los principios constitucionales y DDHH. Continuaremos por el camino de la ampliación de derechos, manteniendo la disposición al diálogo, como herramienta de construcción política”, señaló Alejandro Cordido, jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales.

Cordido explicó además que las personas privadas de libertad deben cumplir sus condenas de manera tal que logren una efectiva reinserción conforme a las pautas constitucionales y convencionales vigentes en nuestro país. “Eso es una responsabilidad de todos y todas”, remarcó.

Posteriormente, los funcionarios provinciales llegaron a Villa Mercedes y también se abocaron al trabajo orientado a la reglamentación de esta ley, en esta ocasión, con el Colegio de Abogados de esta ciudad, que estuvo representado por su presidente, Gustavo Otegui, y por los integrantes del directorio, Gastón Yllera y Gabriela Escudero Ricarte.

Desde la institución mercedina se expresó un apoyo muy claro a la norma, manifestando la necesidad de ampliar su alcance y de generar mayores mecanismos para construir una Justicia participativa y plural, con un sistema procesal penal que pase a ser acusatorio y con jueces de garantía.

“Hemos logrado obtener observaciones profesionales representativas de todo el territorio provincial, existiendo consenso generalizado sobre la importancia de promover e instrumentar normas como esta”, agregó el funcionario provincial.

En el mismo sentido, Alejandro Cordido, quien estuvo acompañado por el representante del Instituto Provincial de Derechos Humanos, Facundo Liceda, manifestó: “Es alentador escuchar desde el campo jurídico expresiones y análisis referidos a la justicia social, la democratización de la Justicia, la necesidad de mayor accesibilidad no solo a los tribunales sino también a reforzar una comunicación fluida, permanente y confidencial entre las personas privadas de libertad y sus representantes legales, dado que en definitiva demuestra el involucramiento de este sector social en problemáticas tan complejas como las que aborda el derecho penal”.

 

Nota: Prensa Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto.

Fotos: Colegio de Abogados Concarán y Villa Mercedes.