Aníbal Torres: Fiscalía pide 9 años de prisión para el hermano del...

Aníbal Torres: Fiscalía pide 9 años de prisión para el hermano del Premier por irregularidades en licitación

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El hermano  del Premier habría participado en hechos de corrupción.
El hermano del Premier habría participado en hechos de corrupción. |Foto: GEC

Víctor Antonio Torres Vásquez, hermano del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es acusado de, presuntamente, haber sido miembro de una red de corrupción que el exalcalde de la Municipalidad de Chicalyo, Roberto Torres, habría instaurado durante su gestión.

Contracorriente, programa de Willax, realizó un reportaje en el que detalla que Víctor Antonio Torres Vásquez y su hijo Iván Torres García, hermano y sobrino del premier, respectivamente, y Víctor Hugo Carbajal Alzamora, como parte del consorcio Trasatlántica, están siendo acusados por el delito de cohecho simple al haber presentado documentación falsa en un proceso de contratación en la Municipalidad de Chiclayo, en la gestión de Roberto Torres.

“Se resuelve citar audiencia de juicio oral contra los acusados Roberto Torres Gonzales y contra Víctor Antonio Torres Vásquez, Iván Torres García y Víctor Hugo Carbajal Alzamora por el presunto delito contra la administración pública, en modalidad de colusión simple en agravio de la Municipalidad de Chiclayo”, se lee en el expediente fiscal revelado.

La licitación cuestionada fue por una obra en 2013, donde la empresa ganadora de la obra tendría trabajos de mejora en la pavimentación y veredas de la ciudad. “Este proceso, de acuerdo a lo que se ha desarrollado en las investigaciones, estuvo direccionado para favorecer al consorcio Trasatlántica”, expresó Tania Bravo, fiscal provincial de la segunda fiscalía penal corporativa de Chiclayo.

El repotaje también señaló que el hermano del primer ministro podría ser condenado a 9 años de prisión por el delito de colusión, por los acuerdos clandestinos ilícitos con el exburgomaestre, quien estaría sindicado por ser el cabecilla de la organización criminal ‘Los limpios de la corrupción’. Cabe mencionar que Roberto Torres ya ha sido sentenciado por los delitos de cohecho y por el delito de peculado mientras ejercía en la Municipalidad en el 2018.

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía, solicitó 9 años de prisión para todos los implicados en el caso, puesto que la entidad considera que se habría tratado de un pacto de voluntades para favorecer a la empresa investigada en la obra pública.

El medio también aseguró que la Fiscalía tendría pruebas suficientes para asegurar que la alcaldía de Chiclayo, liderada por el exalcalde Roberto Torres, otorgó la buena pro de forma irregular al Consorcio Transatlántica, ecabezado por el hermano del premier.

El juicio oral se iniciará el 5 de julio de este año. El Poder Judicial ya emitió un primer fallo, donde se establecen 2 años y 6 meses de prisión para el hermano del premier Aníbal Torres; sin embargo, la sentencia fue sustituida por jornadas de prestación de servicios a la comunidad, hecho que la Fiscalía se vio en la necesidad de apelar.

¿EN QUÉ CONSISTE EL DELITO DE COLUSIÓN?

El delito de colusión está tipificado en el artículo 384 del Código Penal peruano.
El delito de colusión está tipificado en el artículo 384 del Código Penal peruano. |Foto: PUCP

Existen diversos delitos vinculadas a la corrupción en la contratación estatal, uno de estos es el delito de colusión, el cual se encuentra tipificado en el artículo 384 del Código Penal peruano. Este delito es uno de los que cuenta con mayor incidencia en su género, tanto por la calidad específica del sujeto activo; es decir, funcionario público, y el bien jurídico protegido, la Administración Pública.

Este consistiría en el “acuerdo clandestino entre dos o más agentes para lograr un fin ilícito con perjuicio de un tercero”.

“El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de tres ni mayor de seis años”, establece el Código Penal.

En tal sentido, de cometerse, se sancionaría al funcionario o servidor público que intervenga en cualquier etapa del proceso de contratación pública y concierte con los interesados para defraudar al Estado.

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