Abogado de Castillo asegura que Fiscal de la Nación ha hecho “una...

Abogado de Castillo asegura que Fiscal de la Nación ha hecho “una interpretación errónea de la Constitución”

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Pedro Castillo
| Foto: Presidencia de la República

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, se pronunció al conocer que a su patrocinado le acaban de abrir un proceso de investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Ante esto, el letrado criticó la decisión del Ministerio Público de incorporar al jefe de Estado dentro de la investigación preliminar que se le sigue al exministro de Transportes, Juan Silva por presuntos casos de corrupción en la entidad que estuvo a cargo.

Asimismo, la defensa de Castillo Terrones, mencionó que los argumentos del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, “violan el artículo 117 de la Constitución”. Señaló también que la interpretación que se le ha dado a la norma es demasiado literal.

“De manera literal la Constitución nos dice una cosa; pero de manera sistemática, como debe leerse una disposición en ese sentido, prohíbe la investigación (a un presidente en ejercicio). De manera explícita prohíbe una acusación, de manera implícita prohíbe la investigación, porque es una fase vinculada a acusar; uno no investiga por investigar”, argumentó en entrevista para el Perú21.

Asimismo, aseguró que Sánchez habría hecho “una interpretación errónea, incorrecta de la Constitución”. Además a ello, reveló cuáles serían sus estrategias para la legítima defensa del presidente del Perú.

“Primero recurriremos a “una acción de tutela de derechos que la tendría que resolver el juez supremo de investigación preparatoria”; de no prosperar, añadió, se interpondría una acción de amparo.

Comentó que fueron informados de esta medida el 28 de mayo, no días antes, como informó la Fiscalía. Y añadió: ”Que se planteen más de un delito no cambia la situación. La Fiscalía no puede investigar si no está dicho en el art. 117″.

MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN A CASTILLO

El ultimo domingo, se conoció que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió un proceso de investigación contra Pedro Castillo por presuntos nexos con actos de corrupción, incluidos la construcción del Puente Tarata II.

A través de un comunicado en Twitter, el Ministerio Público detalló más información sobre estas nuevas acusaciones que envuelven al presidente peruano.

“El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones. La investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”, se puede leer en el documento oficial.

“El presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política. El presidente de la República fue notificado de la presente disposición, y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”, se agregó.

¿Qué dice el artículo 117° de la Constitución Política del Perú?

El artículo 117° de la Constitución Política del Perú señala, con precisión meridiana cuáles son las únicas causales por las que el jefe de Estado puede ser acusado durante su mandato: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso al margen de lo establecido en el artículo 134° de la Carta Magna e impedir su reunión. No hay ninguna otra causa que habilite un proceso contra el jefe de Estado.

Sin embargo, esto no lo exime de ser investigado durante su mandato. El también docente de Cajamarca tiene cerca de 10 meses en el gobierno, 2 intentos de vacancias, 4 gabinetes ministeriales y estas tres últimas acusaciones que abren la brecha entre la capacidad de gobernar y sus relaciones a estos cuestionables actos.

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